El anuncio hecho por el Presidente Obama de
incrementar el salario mínimo a $9.00 la hora ha provocado reacciones mixtas:
el o la que le toca cobrarlo lo ha recibido con mucha alegría; el o la que lo tiene
que pagar, le ha preocupado la noticia. Y es que el alza del 24% resultará un
gran alivio económico para aquellos trabajadores que laboran bajo ese nivel
salarial, pero para las empresas implicará un apreciable (y quizás
insoportable) aumento de costo.
El aumento del salario mínimo tanto en los
Estados Unidos como en otros países se ha impulsado y manejado bajo un
sinnúmero de causales y escenarios: desde motivaciones puramente populistas
para atraer adeptos en campañas políticas y mejorar imágenes públicas de
gobernantes, hasta como una respuesta a favorables situaciones económicas
nacionales, pasando por la socorrida justificación de usar la medida como una
contrapartida a las alzas inflacionarias.
La inflación puede tener dos orígenes o
dimensiones: hay una inflación de costo, formada por factores económicos o
extraeconómicos, como pasa, por ejemplo, con los precios del petróleo que buena
parte de ellos está influenciado por acciones puramente especulativas y está la
inflación de demanda, la más común, que se origina cuando existe un mayor
incremento de la demanda agregada de un país que el aumento de los bienes y
servicios producidos para satisfacer esa demanda, en otras palabras, cuando hay
niveles de productividad y de oferta de bienes y servicios que no logran alcanzar
los niveles de ingresos existentes.
Es decir, para que un aumento salarial sea
beneficioso para todos (trabajadores y empresas) el mismo debe ser el resultado
o debe venir acompañado de un incremento de la productividad igual o superior al aumento propuesto.
Pienso que la situación en los Estados Unidos, no
garantiza lo anterior y tampoco resuelve el problema laboral real de hoy en
día: el alto desempleo que se mantienen alrededor del 8%.
Para Puerto Rico, con una estructura
empresarial mayormente formada por pequeñas y medianas empresas, con niveles de
productividad bajos y con una economía que no acaba de salir de la recesión, el
anunciado aumento del salario mínimo pudiera tener impactos negativos
superiores a los beneficios que generarían en el 30% de los trabajadores que
trabajan dentro de ese nivel salarial, ya que ese aumento en el costo salarial
será pasado al consumidor, absorbiendo el incremento en el ingreso y al
final no redundaría en una mejoría de la condiciones económicas de la familia
puertorriqueña.
