En momentos donde se discute en varios países
la necesidad de disminuir y manejar más racionalmente el gasto público, es
interesante ver una de las medidas que el gobierno italiano planea adoptar.
Con el objetivo de racionalizar la
administración y frenar el despilfarro Italia se ha planteado eliminar 40
provincias, de las 110 existentes, mediante la fusión con otras más grandes. Según
los criterios fijados, desaparecerán aquellas provincias con menos de 350 mil
habitantes o con una superficie territorial inferior a los 2,500 kilómetros
cuadrados. El adelgazamiento de la estructura provincial puede ser un ensayo
para otro proyecto de mayor envergadura: revisar la estructura regional y
municipal. Se considera que las actuales 20 regiones son demasiadas. Lo mismo
ocurre con los 8,000 municipios, la mitad de los cuales son de menos de 5,000
habitantes.
En Italia, las regiones y las provincias suelen
ser focos de corrupción y despilfarro. Han sido casos bien sonados recientemente
los de las regiones de Lombardía y Lacio. Es también conocida la escandalosa
situación de Sicilia, con una plantilla de funcionarios y empleados públicos exagerada.
Los cambios presentan problemas administrativos
y políticos. Las provincias a eliminar representan centros de poder, que
implican cargos, empleos y fuentes de votos para las posiciones legislativas
nacionales. Precisamente, la resistencia a la medida por parte de los afectados
no se ha hecho esperar y están ejerciendo presiones muy fuertes sobre el
gobierno central, invocando motivos muy diversos para continuar existiendo,
desde razones históricas y socioculturales hasta de tipo geográficas.
Otro asunto difícil de resolver será qué hacer
con el personal que quede desplazado por las provincias eliminadas. El gobierno
italiano quiere evitar despidos, y por ello está manejando la alternativa de traslados
laborales a otras posiciones y/o regiones.